Tag Archives: Metodología

El déficit sanitario de España

Una de las medidas más comunes para medir la amplitud de los sistemas de salud son (1) qué porcentaje del PIB del país –o región- se destina al gasto público sanitario y (2) cual es la cifra del gasto público sanitario por habitante (medido en dólares por cápita estandarizados por Poder Paritario de Compra). Pero, aun pudiéndonos hacer una idea, con estos indicadores no sería suficiente; para afinar más nuestro análisis necesitamos calcular el déficit sanitario en comparación a los países con un desarrollo parecido a España, éstos son la UE15.

En relación al gasto público sanitario en España (1) vemos que éste representa el 6’1% del PIB en el año 2007 (el último disponible en OECD Health Data 2009). Se encuentra pues, por detrás de países como Dinamarca con un 8’2%, Alemania con un 8’0% o Suecia con un 7’4%, siendo uno de los más bajos de la UE15, cuyo promedio es un 7’06% del PIB comunitario. Si hablamos del gasto público sanitario por cápita (2) podemos observar como España tiene una de las inversiones más bajas en salud pública por cápita, concretamente de 1917 US$ Poder Paritario de Compra (ppc), tan solo superada –a la baja, claro está- por Grecia con 1646 US$ ppc por habitante. El resto de Europa se encuentra a mucha distancia de la inversión española: Dinamarca destina 2968 US$ ppc (¡1.000 dólares por habitante más que España!), Francia 2464 US$ ppc o Suecia 2716 US$ ppc por cápita. El promedio de la UE15 es de 2464 US$ ppc, es decir, España se gasta 547 US$ ppc menos por habitante que la UE15.

Una vez vistos los datos relacionados con el porcentaje de inversión en salud pública sobre el PIB y el gasto público sanitario por habitante podemos calcular el déficit de España en sanidad. Para hacerlo debemos utilizar la siguiente fórmula:

Déficit sanitario = gasto Español – gasto Español ajustado a su nivel de PIB

Es decir, Déficit sanitario = qué nos gastamos – qué deberíamos gastar.

Según los datos de Eurostat, en el año 2007 España tenía un PIB de 23.500 dólares, mientras que el promedio de la UE15 era de 29.200, lo cual quiere decir que España representa el 80’5% de la media europea. Así pues, el Estado espanyol debería representar también el 80’5% del gasto público en sanidad respecto a la media europea. Aunque si cogemos los datos antes comentados del gasto público sanitario por habitante  y lo actualizamos al nivel del PIB, éste se encuentra a un 70% de la media europea. Aplicando la fórmula:

Déficit sanitario = 70 – 80’5 = -10’5%

En resumen, aún falta un 10’5% más de inversión para alcanzar el nivel que correspondería a un Estado con el PIB de España y un 30% para alcanzar el nivel de la media europea.

* Todos los datos relativos a sanidad han sido extraidos del OECD Health Data 2009.
* Todos los datos relativos a estadísticas económicas han sido extraidos de la página web de Eurostat a 31/12/2009.

Anuncis

Economía de la salud

Existe un mal que afecta a todos los sistemas públicos de salud que son de libre acceso universal: el desajuste entre la demanda de asistencia médica y los recursos disponibles. El hecho de que la ciencia médica avance, aparentemente sin límites, hace que las patologías que pueden ser tratadas aumenten y que los presupuestos, aunque crezcan año tras año, nunca sean suficientes.

Para reducir la distancia entre la oferta y la demanda se han propuesto diversas opciones que iban desde reformas estructurales o nuevas herramientas de gestión hasta la separación entre la función de provisión de servicios y la de financiación. De lo que se trata, en definitiva, es de alcanzar una mayor eficiencia. El problema es si el camino que debemos seguir para conseguir un sistema más eficiente es basarnos en un criterio económico –guiado por la relación coste-beneficio- o bien debemos aplicar otros criterios dada la importancia del bien a distribuir. En realidad, la solución ideal es la de no limitar la asistencia sanitaria a un solo criterio.

El crecimiento experimentado tras la II Guerra Mundial ha hecho que actualmente nos encontremos buscando mecanismos para limitar y reducir el consumo energético o buscando otros modos de organización para solventar los desequilibrios de nuestras economías. Y la sanidad no escapa a estas reformas. Como he comentado antes, los avances médicos han disparado el gasto sanitario, lo que ha derivado en el establecimiento de un sistema de racionalización económica de las cuestiones médicas. Esto nos ha llevado a otro problema, a saber, el de la concepción de aquello “justo” y su relación con aquello “económicamente óptimo”, introduciendo una serie de problemas éticos, como por ejemplo: ¿Es rentable invertir en tecnología que sirva para alargar la vida de enfermos crónicos o preferimos invertir en salvar vidas de neonatos? ¿Debemos hacer trasplantes a ancianos o debemos dar prioridad a los jóvenes? Se trata de problemas que no podemos obviar en una situación de escasez de recursos y para responder a estas preguntas necesitamos un sistema de elección.

El sistema de elección más común hoy en día es el de la evaluación económica, que puede ser enmarcado dentro del paradigma clásico de la teoría del bienestar (welfarism) basada en tres criterios:

(a) La maximización de la suma de utilidades

(b) La eficiencia productiva-distributiva óptima Pareto

(c) El criterio de compensación potencial de Kaldor y Hicks[1].

Algunos de los elementos para el análisis de las prestaciones sanitarias, basándose en el citado welfarism, han sido: el análisis coste-beneficio (gastos y resultados clínicos en unidades monetarias) o el análisis coste-utilidad (resultados clínicos en unidades físicas y costes en unidades monetarias), entre otros. El problema de todos estos criterios es que se hace necesario traducir la vida humana a unidades monetarias.

Una respuesta a esta situación fue la creación de los QALYs (Quality Adjusted Life Year) que permite comparar diferentes beneficios en salud. Esto permitió establecer un análisis de coste-efectividad como método de asignación óptima de recursos, priorizando así las intervenciones médicas en función de su contribución a la maximización de la salud esperada de la población.

A pesar de lo anterior, la toma de decisiones, especialmente des de el punto de vista social, requiere cada vez más una justificación moral. Dejando a un lado la necesidad de un uso eficiente de los recursos disponibles hay otra serie de valores que tienen un peso importante, como la igualdad de acceso o el equilibrio entre grupos sociales. Así pues, una buena política sanitaria debe tener tres objetivos:

(1) Maximizar la salud

(2) Reducir las desigualdades en salud

(3) Favorecer aquellos que más lo merezcan en función de su estilo de vida

Una política basada exclusivamente en el análisis económico se centra en la eficiencia pero pasa por alto factores como la gravedad de la patología o la edat de los potenciales beneficiarios de la intervención. En ese sentido, podemos encontrar muchos ejemplos de distribución eficiente de recursos pero que no tienen en consideración los intereses de aquellas personas que requieren un tratamiento con una eficiencia baja. Un ejemplo es la asistencia a los recién nacidos prematuros, que exige una altísima tecnología y los resultados son más bien escasos en el grupo de nacidos entre 500 y 1000 gramos [2]. Lo mismo sucede con enfermos en estado vegetativo. Muchas veces pues, se crea una situación de conflicto entre objetivos -tanto de eficiencia como de ética- por lo que será necesario establecer criterios de ponderación. Estos criterios los dejo para más adelante.

 


 

  1. El criterio de compensación potencial de Kaldor y Hicks según el cual: un incremento en el bienestar social tiene lugar tanto si se sigue el criterio paretiano como si las ganancias netas pueden compensar las pérdidas netas.
  2. Walker, D; Feldman, A., i Vohr, R. Et al., “Cost-Benefit Analysis of neonatal intensive care for infant weighing less than 1000 gr. At birth”,. Pedrioatics 1984, 74 (1) pp. 20-25.